Policía indignada el aval a la Ley vasca de Víctimas de Abusos Policiales
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Pedro Sánchez continúa con los pagos de la hipoteca que le aseguran su estancia en La Moncloa. Ahora parece haberle tocado al PNV pasar la factura por el apoyo a la moción de censura que le permitió acceder a la presidencia del Gobierno.
Además de las prometidas concesiones en relación a transferencias pendientes y  la política penitenciaria respecto a los presos de ETA, ahora ha anunciado la retirada del recurso de inconstitucionalidad interpuesto en julio de 2017 por Gobierno presidido entonces por Mariano Rajoy, a instancia del Sindicato Unificado de Policía, contra la ley vasca de Víctimas de Abusos Policiales.
Esta ley pretende crear una “comisión de evaluación” que se encargaría de los interrogatorios a presuntas víctimas y de la investigación de presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos que no fueron condenados por la Justicia. Es decir, permitir que comisarios políticos reemplacen la actuación de los tribunales de Justicia.
A través de las redes sociales, el lehendakari, Iñigo Urkullu, se congratuló por esta noticia, ya que les da poder para controlar a la policía, Guardia Civil y Ertzainza.
El SUP (Sindicato Unificado de Policía) ha anunciado ahora una demanda que formalizará en septiembre ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para que, a su vez, eleve la cuestión al Tribunal Constitucional y éste la declare “inconstitucional”.
El sindicato estudia también emprender acciones legales contra el Gobierno socialista por un delito de prevaricación, “al retirar el recurso contra un precepto que consideran ilegal”, ya que vulnera Leyes de rango superior, en este caso la Carta Magna.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), cuyo portavoz, Ramón Cossío, mostró su «indignación» y la impotencia que sintió al conocer el contenido de la norma, ya que el Ejecutivo central se ha prestado a valorar la retirada del recurso como si no importase que la ley sea anticonstitucional.
El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, ha recordado que su asociación se ha personado ante el Constitucional con el fin de evitar que se silencien las voces que defienden la inconstitucionalidad de esta norma, e impedir un nuevo ultraje a las víctimas.
Señala asimismo que sólo el nombre de la ley es ya una afrenta al hablar de abusos policiales. La aprobación de esta norma permitiría la creación de un tribunal paralelo, elegido por los partidarios de la banda Eta, con potestad para decidir qué policías, guardias civiles o ertzainas habrían, según ellos, torturado a cualquier etarra que lo denunciara.
Para Portero: “con esta ley se fortalecerá la teoría del conflicto y justificará en cierto modo los asesinatos de la Eta. Equipararán a víctimas del terrorismo con los etarras, y justificarán su relato. El PNV está en ello, es el partido más traidor del Estado de derecho. Sería el imperio de la mentira. Equiparar a víctimas con etarras no puede estar en el orden del día y por eso creo que el Tribunal Constitucional no amparará esta maniobra y nos permitirá personarnos”.

Además les respaldan las principales asociaciones de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la Guardia Civil, la Asociación de Ertzainas, Familiares Víctimas del Terrorismo y Covite.

Por su parte, Covite, asociación presidida por Consuelo Ordóñez, considera que la retirada del recurso dejaría en manos del Gobierno vasco una asunto jurídico que sólo corresponde al Tribunal Constitucional.
Parece evidente que la intención del Gobierno vasco, mediante la retirada del recurso de inconstitucionalidad, es que el Estado de Derecho no pueda controlar su potestad normativa para decidir quién es víctima de abusos policiales y quién no lo es, y constituir así un tribunal administrativo fuera de la ley para dar un reconocimiento oficial a supuestas víctimas de abusos policiales.
De esta forma se daría cobertura legal al PNV para ratificar la falsa teoría de un conflicto entre dos partes, en torno a lo que ha sucedido en el País Vasco en los últimos 50 años. Se estaría aceptando la teoría de los asesinos de la banda Eta frente a las víctimas y el Estado Español, otra sinrazón más a las que no deberíamos habituarnos.


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Elena Sanz

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